Diversos e importantes proyectos de las empresas públicas fueron desplazados en diferentes momentos y lugares por similares grupos de generación eléctrica proyectados por las empresas privadas. Estas se reservaron el negocio de las centrales térmicas de fue cuando, debido, entre otras cosas, a las elevadas subvenciones (que alcanza ron el 90% del coste del combustible), se presumían estas centrales altamente rentables, y que hoy, a causa del insoportable precio del fuel se traducen en la existencia de una elevada potencia térmica infrautilizada. Lo contrario ocurrió con las térmicas de carbón, que fueron desechadas por el sector privado, a pesar de poder ser abastecidas con combustible nacional, pero que ofrecían una rentabilidad menor, lo que se tradujo en una decisiva actuación del INI en el sector a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). Esta empresa, que se ha convertido en la primera productora nacional de electricidad, superando ampliamente a Iberduero y utilizando carbones nacionales, fundamentalmente, paradójicamente carece de mercado propio donde vender sus kilovatios. De esto ya se encargan las compañías privadas, debido al excelente negocio que ello supone.Marginación pública

Pero es, sin embargo, en lo referente al programa nuclear donde las compañías privadas, que en la pasada década previeron realizar un importante negocio, marginaron más acusadamente al sector público. De las trece centrales nucleares existentes en funcionamiento y en construcción, el INI sólo participa en dos, y no de forma mayoritaria, aunque la marginación del Estado en la propiedad de las centrales no ha sido inconveniente para que éste avale los gigantescos créditos necesarios para su financiación, así como para la concesión de todo tipo de ventajas fiscales, arancelarias, créditos oficiales, etcétera, entre otras extraordinarias facilidades otorgadas a este privilegiado sector y negadas a otros.

Sin olvidar el impagable servicio que numerosos organismos públicos han prestado al sector eléctrico privado al presentar la energía nuclear unida a la dignidad, grandeza y libertad energética de España, lo que se ha traducido en el escamoteo vergonzoso de un debate, el nuclear, que ha sido sustituido por un plan energético nacional que, de haberse cumplido, nos habría colocado a la cabeza del mundo en cuanto a producción electronuclear per cápita se refiere.

Pero esta trayectoria asociativa entre el Estado y el sector privado, donde aquél, o sea, todos, suele cargar con la peor parte, está llegando a un límite en el que la situación, por más que injusta, se ha tornado francamente peligrosa. Desde que se elaboraron los primeros planes energéticos, diversas personas y entidades venimos denunciando, aunque con escaso éxito, la manipulación consciente a que han sido sometidas las cifras de las supuestas demandas energéticas y, sobre todo, de las necesidades de electricidad de origen nuclear. De haberse cumplido el Plan Energético Nacional de 1975, dentro de unos meses, el 56% del consumo eléctrico sería de origen nuclear, cuando hoy día esta cifra se sitúa en el 8%.

En un momento de crisis profunda como el actual, el sector eléctrico, conviene recordar, está consumiendo el 40% de toda la inversión del país (excluida la residencial), y tiene inmovilizado sólo en el programa nuclear más de un billón cien mil millones de pesetas. Pero esta arriesgadísima situación se torna en francamente peligrosa al comprobar que no son sólo los inconvenientes de tipo político (Lemóniz), los técnicos derivados del fallo de los reactores PWR de Westinghouse (Almaraz, Lemóniz, Ascó) o el dudoso estado en que ha quedado Cofrentes tras las inundaciones, sino los puramente económicos derivados de falta de mercado para los kilovatios, aun en el supuesto de que se produjeran los que hacen peligrar semejante inversión. Téngase en cuenta que en 198 1, y por primera vez desde 1946, el consumo eléctrico per cápita descendió en un 2,5%, habiéndose tenido que exportar en los ocho primeros meses de 1982 el 40% de la producción eléctrica de origen nuclear.

Debate público

Ante esta situación, agravada por el oscurantismo que rodea a las cuentas eléctricas, debe responderse con un debate público en el que se aclare cuál es la verdadera situación económica del sector, las verdaderas necesidades de electricidad del país y, sobre todo, se determine el verdadero alcance de la participación estatal en el sector eléctrico, ya que, si bien el Estado posee casi el 25% de la potencia instalada de forma directa, y una cantidad considerable de forma indirecta, su poder no es proporcional a estas cantidades. A este respecto, las prisas del nuevo ministro de Industria por subir las tarifas y sus increíbles declaraciones sobre el estado de las compañías eléctricas «cuya situación no es tan comprometida como he oído por ahí» (sic), más bien nos parecen las de cualquiera de sus predecesores que las de una persona que esté realmente interesada en poner fin a la larga y oscura relación entre compañías privadas y el Estado. No quisiéramos ver mañana una quiebra semejante a la ocurrida en otros sectores, y que en éste sería de incalculables consecuencias, ante la cual el Estado, o sea, todos, salga una vez más cargando con la peor de las partes.